Nos comentaba David Rodríguez en el podcast hace un par de semanas la noticia que estalló en el portal pornográfico Pornhubb tras la eliminación por parte de esta página de la mayoría de sus vídeos y por el endurecimiento de los requisitos de publicación. Esta medida, nos avanzaba nuestro querido David, traerá consecuencias para el futuro de las plataformas y sus usos en las redes.
Pornhubb, al igual que hacían muchas otras, permitía que cualquiera pudiera subir material, y esgrimían precisamente ese argumento como eximente de responsabilidad, es decir, siempre se agarraban a que era imposible controlarlo.
¿Pero quién convierte en posible lo imposible? El dinero, amigos.
Cuando Visa y Mastercard decidieron retirarse de dicha página web como plataforma de pago fue cuando, mágicamente, la revolución pudo ocurrir.
Lo que hicieron fue borrar casi 10 millones de vídeos, sí, has leído bien, y desde ese momento obligan a que se registre todo aquel que quiera subir contenido.
Tan sencillo como eso. Tan eficaz como eso. Tan difícil de conseguir como eso.
Cuando empezamos a darnos cuenta del poder que iba a representar la implantación de internet allá a principios de la década del 2000 una de las primeras reflexiones que me asustó fue darme cuenta que el problema jurídico no era tanto que cualquiera pudiera acceder al contenido que quisiera, sino que cualquiera podía subirlo.
Haciendo un símil con la calle, no me parecía tan novedoso poder entrar en una nueva tienda o en un millón de ellas, como el hecho de que yo pudiera cada día abrir miles de tiendas y no tener, apenas, que pedir permisos.
Algo parecido ocurrió después con la aparente impunidad que proporcionaba la posibilidad del anonimato en redes sociales o con tu propia iP del ordenador. Cuando las cosas se pusieron feas con amenazas y otras prácticas delictivas, las autoridades de cada país dotaron a los cuerpos de seguridad de capacidad jurídica para acceder a toda esa información y garantizar el cumplimiento de la ley.
En España, por ejemplo, pasamos de un marco legal en el cual se consideraba que si enviabas un video de contenido erótico a alguien ya asumías el riesgo de que ese material se difundiera públicamente, a un cambio en la legislación que hoy ya penaliza a aquel que reenvía ese vídeo a un tercero.
Mi sensación como observador del mundo desde una barra del bar, para expertos en algo váyanse a otros posts, es que se está acabando la fiesta y la barra libre, y que la sensación de impunidad en internet tanto para usuarios como para plataformas está empezando a desaparecer. Ya no estamos en el Far West del siglo XXI. Ya empiezan a aparecer Sheriffs. Habrá, quizás que vigilar quien es el que les coloca la estrella, pero veamos, al menos hoy, el vaso medio lleno.